El Gobierno de Uruguay avanza a toda velocidad en un acuerdo con la oposición para aprobar un proyecto tendiente a flexibilizar el secreto bancario.
Esta es una medida que se ventiló a principios de año, luego entró en un cono de sombras, pero ahora ha vuelto al centro de la escena con toda intensidad.
El impacto que tendrá sobre esta plaza financiera, tan ligada a la economía argentina, no se puede evaluar de antemano. Sin embargo, hay un dato que es inoxerable: en lo que va del año los depósitos de no residentes se mantienen sin cambios, cuando hasta no hace mucho tiempo crecían a un ritmo superior al 20% anual.
Hasta dónde esto se debe a la merma en la fuga de capitales argentinos o a un temor a cambios en la normativa uruguaya está aún por verse. Pero en todo caso, las modificaciones que en estos días se están definiendo al tradicional secreto bancario del país vecino determinarán si Uruguay seguirá o no siendo visto como un país refugio de ahorros.
La negociación entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado se encamina a una ley con amplia base de acuerdo.
Si bien el oficialismo tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso como para aprobar el proyecto sin necesidad de votos adicionales, los legisladores intentan conseguir apoyo para ampliar el respaldo a la iniciativa.
La misma es resistida por el sector privado, si bien es parte del esfuerzo de las autoridades para salir de la lista de paraísos fiscales difundida por la OCDE.
Desde que Uruguay fuera incluido, el Gobierno se comprometió a colaborar con la aplicación de la normativa internacional y avanzó en la firma de acuerdos con otras naciones para intercambiar información tributaria.
Proyecto de ley con tres áreas
El proyecto que se encuentra en el Parlamento abarca tres grandes áreas:
* El procedimiento para ofrecer información de naturaleza financiera como consecuencia de los acuerdos de información o de doble tributación que el país ha celebrado con otros Estados.
* La ampliación de las facultades de la DGI para pedir que se levante el secreto bancario.
* La introducción de un gravamen sobre los activos en el exterior.
Los puntos concernientes a la intervención de la Justicia para levantar el secreto bancario en procesos de fiscalización, a pedido de la DGI, y la disposición de que se grave con el IRPF (ver abajo) los depósitos en el exterior irán en un solo proyecto de ley, o en dos, que se aprobarían en forma simultánea a mediados de octubre.
El IRPF es un impuesto anual de carácter personal y directo que grava la rentas de fuente uruguaya obtenidas por las personas físicas residentes en el territorio nacional.
Originalmente, la polémica iniciativa, que también apunta a gravar los depósitos de los residentes locales en instituciones financieras del exterior, fue fuertemente criticada por parte de la oposición y desde el sector económico y empresario.
Desde el Gobierno sostienen que las medidas se enmarcan dentro de un proceso que busca mejorar la imagen del país en el mundo: "Uruguay fue injustamente incluido en listas que pretendían atribuirle a su administración tributaria las debilidades propias de un paraíso fiscal”.
Para Juan Pérez Pérez, asesor tributario y legal de la consultora KPMG, la medida de ampliación del levantamiento de secreto bancario tiene cierto sentido.
Al respecto, el especialista sostuvo: "La DGI puede decir: si tengo que levantar el secreto para que otros fiscos investiguen a sus residentes, ¿por qué yo no puedo hacerlo con los míos?".
En tanto, el experto Alberto Varela, de CPA/Ferrere, afirmó que "es inevitable que el gobierno uruguayo acate las demandas de transparencia fiscal. Pero está en su poder desacelerar el ritmo con que firma los requeridos tratados de intercambio de información para poder seguir manteniendo atractivo como destino de las inversiones".
Varela afirmó que el objetivo del organismo "es incompatible" con los intereses de Uruguay. Y criticó la decisión del gobierno de comenzar a gravar la renta y el patrimonio en el exterior.
Un tema sensible que se refleja en los depósitos
Este debate toca un tema muy sensible, ya que es uno de los pilares del sistema financiero, al tiempo que roza la relación con Argentina.
"De alguna manera se han generado temores. Con este acuerdo se están dando más elementos", afirmó el senador Alberto Couriel, del oficialista Frente Amplio.
Esto es así dado que muchos ahorristas argentinos depositan su dinero en entidades del otro lado del Río de la Plata, en un porcentaje que, se estima, resulta superior al 20% de los depósitos en moneda extranjera.
En este sentido, cabe recordar que éstos totalizaban en agosto unos 13.500 millones de dólares, de los cuales algo más de u$s3.000 millones correspondían a no residentes.
No obstante, desde que se comenzó a mencionar la posibilidad de aplicar medidas de esta naturaleza, se hizo evidente el virtual estancamiento en los saldos de las colocaciones por parte de no residentes.
El gráfico permite opreciar como, tras la fuerte expansión registrada a lo largo de 2008 y 2009, fogoneada en buena parte por los conflictos políticos que atravesó Argentina, en lo que va del año los saldos se mantienen prácticamente inalterados.
¿En qué consiste el proyecto?
En la actualidad el secreto puede ser levantado exclusivamente por un juez ante una denuncia penal por fraude.
El proyecto original de reforma indicaba que éste se dejaría sin efecto si un magistrado aceptaba un pedido del organismo de impuestos ante la sospecha de evasión fiscal.
También daba 30 días a la Justicia para pronunciarse y en caso de no hacerlo, se consideraba automáticamente levantado. Ahora, el Gobierno busca flexibilizar su posición.
De las negociaciones parlamentarias surge que se extendería el plazo para que la Justicia resuelva. Y se exigiría que su pronunciamiento sea explícito. Además, la decisión del magistrado sería apelable.
Según consigna el diario uruguayo El País, en un diálogo informal y sin versión taquigráfica, los senadores de la comisión de Hacienda avanzaron la última semana en el acuerdo que había conversado inicialmente el Ejecutivo con el presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.
El Frente Amplio aceptó varios planteos de la oposición, que buscan darle más "garantías" al levantamiento del secreto bancario. Esto es:
* La creación de juzgados especializados en materia tributaria.
* El pronunciamiento expreso del juez sobre el levantamiento a pedido de la DGI.
* Ciertas condiciones bajo las cuales este organismo puede formular el pedido.
* Determinadas garantías procesales vinculadas al Código General del Proceso.
En tren de buscar coincidencias, el partido gobernante aceptó las propuestas de los partidos opositores sobre las razones por las que el juez debe aprobar el pedido de la DGI de levantar el secreto bancario.
Ello será viable cuando "se hayan acreditado actos, hechos u omisiones del contribuyente que hagan presumir razonablemente la ocultación de activos o ingresos con el propósito de omitir el pago de tributos y/o la tipificación de infracciones".
También será aplicable cuando existan "solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, en el marco de convenios internacionales ratificados por la República", según consigna el texto consensuado.
Al respecto, el senador del Frente Amplio, Alberto Couriel, dijo que la apelación del levantamiento del secreto no debe tener efecto suspensivo, en tanto que por su par, Francisco Gallinal, respondió que el tal efecto "es de principio en el derecho uruguayo".
También se evalúa una posible modificación vinculada a los impuestos a los depósitos en el exterior, a raíz de una propuesta que presentó el senador Heber para que no se afecte con el IRPF a las colocaciones externas que no son generadas con recursos uruguayos, sino sólo a los depósitos fuera del país "de fuente uruguaya".
Tras acalorados debates, el oficialismo anunció que mantendrá el concepto de "renta mundial" y no "territorial", aunque podría haber retoques en la redacción, dijo a El País el presidente de la comisión, Carlos Baráibar.
En tal sentido, Heber sostuvo que si se "abandona el criterio territorial", Uruguay "cederá a las presiones de las grandes potencias".
La opinión de los bancos
En una presentación ante el Senado, representantes del Banco Santander expresaron su apoyo a que se efectúen cambios en legislación para salir de la zona gris de OCDE.
Pero también reclamaron garantías para que el proyecto sobre levantamiento del secreto bancario mantenga cierta privacidad a nivel local.
Fernando Jiménez de Aréchaga, vicepresidente y asesor jurídico externo del Banco Santander, marcó un matiz con la postura expresada semanas atrás por el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio de Brun.
El ejecutivo había lanzado artillería gruesa contra la iniciativa y había restado importancia a la salida de la lista gris: "A nadie le importa que Uruguay esté en ese listado".
En tanto, el representante del Santander sostuvo en la comisión que, en materia de secreto bancario, debe legislarse y "aggiornarse" para salir de dicha lista, de acuerdo a los criterios de OCDE.
Sin embargo, distinguió el intercambio de información financiera con el exterior respecto de la potestad de la DGI para levantar el secreto bancario a nivel local.
Jiménez de Aréchaga compartió las objeciones técnicas sobre el proyecto de ley del Ejecutivo, más que nada en cuanto al reclamo de "garantías" al levantar el secreto bancario.
“Es fundamental la intimidad”, indicó, en una posición similar a la esgrimida por el Colegio de Abogados sobre garantías para el juez.
También puso énfasis en el tribunal especializado y en la resolución expresa del juez, dos aspectos bajo negociación.
Previo a la reunión algunos senadores oficialistas pensaban que varios bancos privados tenían una postura menos dura que la expresada en comisión por la gremial de bancos y por eso se consultó al banco cantábrico y al Citi.
Este último envió una carta, donde se excusó de opinar y se remitió a lo expresado por la gremial de bancos.
Para el grupo Crédit Agricole esta iniciativa no afectará sus operaciones de private banking.
Entrevistado por El Pais, Emilio Volz, presidente de Crédit Agricole Private Bank, sostuvo que “Uruguay tiene una larga tradición de estabilidad y está estratégicamente ubicado en un área que, por vía aérea, se llega en pocas horas a Argentina, Chile, Paraguay y, sobre todo, el sur de Brasil”.
“Esta es la plaza ideal para las actividades de private banking”, dijo el ejecutivo.
“Por otra parte, esta nación es considerada como una plaza financiera donde se respeta el secreto bancario y el orden jurídico”, consideró Volz.
Desde la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) las posibles modificaciones son vistas como algo positivo, si bien mantiene algunas objeciones al proyecto.
"Es un paso peligroso, pero si se va a hacer es mejor que se haga bien", sostuvo el presidente de ABPU, Julio de Brun.
De Brun consideró que "el secreto bancario no se flexibiliza: existe o no existe".
Y apuntó que "el único impulsor de todo esto ha sido el apetito fiscal y el ejercicio de poder de carácter internacional de algunos países desarrollados".
En relación al secreto bancario, preguntó: "¿Por qué esto, que es aplicable a ciudadanos extranjeros que tienen ciertos activos y están siendo perseguidos por la administración tributaria del exterior, se extiende a la DGI sobre cualquier ciudadano uruguayo y actividad realizada en nuestro país?”.
“Creo que aquí no hay ningún justificativo, ni siquiera el de decir que estas son mejores prácticas, porque en realidad no lo son", sostuvo finalmente.
A juicio de la asociación de bancos, tal como se redactó el proyecto de ley, "no hay ningún elemento que dé lugar a un juez a negarse a la petición de la DGI".
Rubén Ramallo - ©iProfesional.com
